Nuestra protesta

Por: Oscar Alarcón Delgado

El periodista, Alberto Rivera Fernández conductor del programa “Transparencia” de Radio Oriental de Pucallpa, fue asesinado el 21 de abril del 2004. Por su destacadas denuncias frente a la corrupción siempre estuvo en la mirada odiosa y conspirativa del poder político y económico local.

Todo el peso de las sospechas y los caminos de la investigación recayeron sobre el Alcalde  Luis Valdez  Villacorta, como autor intelectual,  junto a su ex gerente municipal Zoilo Ramírez Garay, a quienes el periodista les había denunciado por casos de narcotráfico.

Sin embargo, la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte de Lima consideró que no se puede condenar a Valdez por “meras especulaciones”. La  diligencia judicial se realizó en el Penal Miguel Castro Castro, en donde se encuentra recluido Valdez Villacorta, al tener otro proceso penal por lavado de activos.

De esta manera el ex alcalde queda absuelto lo que en comentario de los familiares y abogados de la víctima así como de instituciones diversas como la Asociación Nacional de Periodistas, “es una verguenza” y “deja un antecedente pernicioso que dice mucho de lo que puede producirse en adelante en el ejercicio del trabajo periodístico, más aún en una sociedad como la nuestra en donde con frecuencia se dan hechos delictuosos que son puestos a la luz pública por la información que brindan los medios de comunicación a la sociedad”.

Desde muestro Centro de Comunicación Alternativa y Popular (CECOALPO), animadores de la constitución del sindicato de periodistas y comunicadores sociales con una visión clasista expresamos nuestra indignación y rechazo a a la decisión de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Lima que concluye que no puede condenar a Valdez Villacorta “por meras especulaciones”.

Desde esta modesta tribuna, apoyamos sin reserva alguna la apelación de la defensa hasta las ultimas consecuencias, ya que existen testimonios de testigos que implican al ex alcalde y su entorno y demandamos las debidas garantías para  el ejercicio de la actividad periodística.

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